Concejales de la oposición cuestionaron a sus pares del oficialismo por la falta de avances en la comisión investigadora creada para determinar responsabilidades en torno al pago de de 3 millones de pesos que hizo Municipalidad de Esquel por un edificio que nunca utilizó.
El planteo fue en hora de preferencia de la 8° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, realizada ayer , donde se hizo hincapié en el vencimiento el plazo estipulado de 40 dias para que se emita un dictamen.
La concejal del Frente Vecinal María Martínez expresó que “en la tercera sesión los concejales no oficialistas presentamos un proyecto de Declaración para citar al intendente municipal al Concejo en Comisión para que brinde información y explicaciones por el pago de 3 millones de pesos por un alquiler que nunca se usó, lo que generó una deuda que hemos tenido que pagar todos los ciudadanos de Esquel”.
La edil recordó que “por el voto negativo de los concejales oficialistas este proyecto de hacer concurrir al intendente no prosperó. Sin embargo, esos mismos concejales oficialistas presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora, proyecto que acompañamos”.
Martínez apuntó que “el 8 de abril quedó conformada la comisión investigadora que cuenta con toda la documentación solicitada y las declaraciones efectuadas en los medios por los distintos funcionarios políticos que tuvieron participación en la contratación. La comisión debe decidir acerca de la continuación o destitución de los funcionarios involucrados. Estos funcionarios que la comisión entiende que tienen responsabilidad en este hecho que es sumamente grave”.
LOS ANTECEDENTES EN RIO PICO Y EL HOYO
Por su parte, la concejal de Chubut al Frente Valeria Saunders comentó que «el jueves último los concejales analizaron la pertinencia o no de la Comisión, o su suspensión hasta que se dirima la cuestión en sede penal. “Lo cierto es que aparte de tener una buena lectura y compartir información, acerqué dos antecedentes importantes a tener en cuenta, que iluminan para tomar una decisión con respecto a este tema. Uno fue el procedimiento seguido para la destitución del intendente de Río Pico, destituido por una comisión investigadora en mayo del 2019”.
Agregó que en este marco “hemos llevado adelante esta comisión investigadora conforme a lo que establece la Ley de Corporaciones Municipales. El intendente de Río Pico fue destituido en 2019 y la causa penal tuvo sentencia en el 2021 y se confirmó en el 2022. Y jamás se consideró, a pesar de la presentación del ex intendente, que sus garantías constitucionales hubieran sido vulneradas”.
Otro ejemplo “fue la suspensión del intendente de El Hoyo, por una situación que se generó en la pandemia por la necesidad de pases sanitarios. Allí el Concejo Deliberante de El Hoyo suspendió al intendente y la revisión del Superior Tribunal de Justicia fue conforme a la legalidad del procedimiento llevado adelante”.
DICTAMEN PENDIENTE
A su turno, Matías Peláez, (PJ,) indicó que según la ley de Corporaciones Municipales ya se cumplieron los cuarenta días de plazo para emitir dictamen por parte de la comisión investigadora. “el 8 de abril empezó a trabajar la comisión y lamento que a la fecha no hayamos podido emitir un dictamen, más allá de la cantidad de fojas que seguimos agregando al expediente. Creo que hay elementos suficientes para finalizar la primera etapa y emitir un dictamen en cuanto a la procedencia de la acusación. Las prioridades que tenemos parecen no ser las correctas, o por lo menos no responden a las necesidades de los vecinos. Estar analizando más de 40 días este expediente y no tener ningún resultado, mientras hay problemáticas en distintos sectores de la ciudad”.
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